Este documento, fue realizado por Benito Juárez en el que una parte estaba destinada a castigar al clero por su intervención en la política, y por haber ayudado con sus bienes al sometimiento de la guerra, favoreciendo a los conservadores. Es importante destacar que esas leyes ya habían sido puestas en práctica por el gobernador de Zacatecas, Don Jesús González Ortega, con anterioridad.
Cuando la Guerra de Reforma sostenida entre liberales y conservadores se encontraba en su momento más dramático aunque sin ventaja aparente para ninguna de las partes beligerantes, el presidente Benito Juárez tomó una determinación verdaderamente radical que inclinaría decisivamente la balanza de la victoria a favor de la causa liberal el 7 de julio de 1859, siendo el estado de Veracruz donde se hizo el anuncio de la expedición de las Leyes de Reforma por medio de un manifiesto a la nación. Estas disposiciones, promulgadas en ese mismo mes, se sumaron a las expedidas entre 1855 y 1857[1], y conformaron, en conjunto, un cuerpo normativo cuya finalidad era consolidar el Estado mexicano.
Estas Leyes de Reforma son las reformas establecidas en estas leyes las cuales fueron más radicales que las de la Constitución de 1857, y según los colaboradores del presidente, completaban la constitución.
Las leyes de Reforma inicialmente fueron tres:[2]
• Ley Juárez: Esta trató de suprimir los bienes militares en los negocios civiles, por lo tanto los tribunales de las dos corporaciones, Iglesia y Ejército, se debían concretar a intervenir en los asuntos de sus competencias y no los asuntos civiles.
• Ley Lerdo: Obligaba a las corporaciones civiles a vender las casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes los arrendaban, para que esos bienes produjeran mayores riquezas, en beneficio de más personas. Esa fue firmada por el Presidente Comonfort y Lerdo de Tejada.
• Ley Iglesias: Prohibió el cobro de derechos y obvenciones parroquiales, el diezmo.
Al trasladar su gobierno a Veracruz en 1859, Juárez promulgó las siguientes reformas:
• Ley de la nacionalización de los bienes del clero: Esta ley complementa la Ley Lerdo de desamortización de los bienes de la iglesia, con un cambio importante: los bienes ya no pasaban a manos de los rentistas.
• Ley del matrimonio civil: Establece que el matrimonio religioso no tiene validez oficial y establece el matrimonio como un contrato civil con el Estado.
• Ley del registro civil: se declararon los nacimientos y defunciones como un contrato civil con el Estado.
• Ley de exclaustración de monjas y frailes: Se prohibió la existencia de claustros o conventos, y se decretó la salida de las religiosas y religiosos que ahí vivían.
• Ley de libertad de Cultos: Esta ley permitió que cada persona fuera libre de practicar y elegir el culto que desee. Esta ley también prohibió la realización de ceremonias fuera de las iglesias o templos.
A lo largo de su aún corta vida independiente, la nación mexicana había sufrido la intervención de la Iglesia en los asuntos meramente políticos; patrocinando financieramente a los enemigos del gobierno, la institución religiosa había logrado desarticular todos los intentos de someterla a la autoridad civil. Por tal motivo, la estrategia de los reformadores fue minar el poder económico del clero, nacionalizando sus propiedades, al tiempo que lo despojaba de todas las atribuciones y facultades que debían de ser desempeñadas por el Estado[3]; esto último se obtendría mediante la creación del registro civil, la institución del matrimonio civil y la administración estatal de cementerios y camposantos.
El anuncio de las Leyes de Reforma tuvo como preludio una severa discusión entre los compañeros de Juárez durante su gobierno en Veracruz, pues mientras unos promovían la promulgación inmediata de las Leyes de Reforma, otros consideraban que si la Constitución de 1857 y las leyes promulgadas con anterioridad, especialmente la Ley Lerdo, habían provocado una guerra civil, emitir otras nuevas, más radicales, sería como echar combustible al fuego: los pocos apoyos conseguidos podrían perderse y la guerra se tornaría más violenta. Sería más prudente derrotar a los conservadores, asentar el gobierno en su sede y esperar algunos cuantos años, dando tiempo a que las pasiones menguaran y a que la opinión pública comprendiera la necesidad de nuevas leyes; entonces se seguiría adelante con la Reforma.
Considerando que el movimiento reformista es parte del proceso que tiende a lograr el afianzamiento de la nacionalidad mediante la conquista plena de la soberanía y la transformación de sistema político, económico y social reinante, establecido uno nuevo bajo un régimen democrático, representativo y popular.
Juárez comprendió los razonamientos que proponían para posponer el momento en el que se debían promulgar las leyes reformadoras, pero esgrimió en su contra un argumento contundente: finalizada la guerra y pasados tres o cuatro años, una vez restablecido el orden constitucional, se suscitaría una nueva guerra cuando se expidieren las nuevas leyes, tan ruin como la que en ese momento se enfrentaba y, en lugar de haber sufrido una guerra, habrían de padecer dos.
Don Benito Juárez tenía razón, pues lo mismo había ocurrido con antelación al promulgarse la Ley Juárez y la Ley Lerdo: a la primera le sobrevino la rebelión del gobernador Manuel Doblado en Guanajuato; a la segunda, el movimiento de Antonio Orihuela y Miguel Miramón en Puebla. Si estos dos ordenamientos se hubieran dado simultáneamente, el gobierno de Comonfort habría tenido que enfrentar una sola revuelta.
Se decidió seguir adelante con la expedición de las Leyes de Reforma, no sin antes explicar a la nación los motivos de su formulación y las condiciones imperantes en las instituciones del país; por eso, en el manifiesto de Veracruz del 7 de julio de 1859, Juárez dedicó la mayor parte del texto a desarrollar un amplio programa para exponer los aspectos fundamentales del gobierno y las medidas concretas que se adoptarían para solucionar los problemas existentes: se procuraría realizar el pago de la deuda externa, se modificaría el sistema tributario para hacerlo más justo, se reduciría el aparato burocrático, se ampliarían y mejorarían las redes de comunicación y se fomentaría la colonización atrayendo inmigrantes extranjeros, entre muchas otras medidas necesarias para el progreso del país.
Sin embargo, para poder llevar a cabo un programa de tal magnitud, era indispensable el triunfo de la causa liberal. Juárez expresó que la nación se encontraba en un momento solemne, porque del resultado de la encarnizada lucha que los partidarios del oscurantismo y de los abusos se habían provocado en esa ocasión en contra los más claros principios de la libertad y del progreso social, todo dependía de su porvenir.
El oscurantismo aludido por Juárez era el fantasma del pasado colonial de México, cuya defensa enarbolaban los conservadores con tanto encono. Los liberales, especialmente los de postura más radical, eran un grupo conformado por Juárez y sus colaboradores más cercanos, quienes sabían que para conservar su independencia México debía, emprender el camino de la modernidad. Negarse a abandonar prácticas e instituciones arcaicas que le había costado en 1848 la pérdida de una parte importante de su territorio, hacía que el erario público se mantuviera en bancarrota perpetua e impedía que todos los mexicanos alcanzaran el estatus de ciudadanos.
Por supuesto, el clero mexicano no permaneció impávido, reaccionó e intentó descalificar al gobierno legítimo. Desde 1855, su estrategia había sido conformar un sólido ejército conservador para que peleara en su nombre, pero la aplicación de la Ley Lerdo, promulgada el 25 de junio de 1856, había mermado considerablemente sus recursos y para 1859 sufría una aguda crisis de liquidez.
Entonces, como lo había hecho antes, el clero continuó manipulando a la opinión pública. El púlpito y las cartas pastorales dirigidas a la feligresía fueron, junto con la prensa conservadora, uno de los medios empleados: llamaron “herejes” a los liberales y los acusaron de intentar destruir una de las más preciadas herencias de nuestros antepasados refiriéndome a la religión católica.
Por otro lado, mientras Félix Zuloaga, dio a conocer el Plan de Tacubaya, demandando la anulación de la Constitución de 1857[4], la permanencia de Ignacio Comonfort, y la convocatoria de un Congreso extraordinario, con el que elaboraría otra carta constitucional que, según los conservadores, garantizaría los verdaderos intereses del pueblo.
Los hombres de la Reforma nunca fueron, enemigos de la religión ni de la Iglesia. Deseaban simplemente que ninguna corporación llámese clero, ejército, sociedad comercial o estamento estuviera por encima del poder del Estado, para lo cual era necesario, venciendo una multitud de obstáculos, la creación de un auténtico sistema jurídico y económico moderno, pues la propiedad inmueble amortizado y en poder de las corporaciones impedía la existencia de una economía nacional y de unas finanzas públicas sanas. En suma, como país independiente, era necesario que México adquiriera su propia identidad y dejara de mantener un pie anclado en la Nueva España, con la mitad de su sistema jurídico y económico sustentado en instituciones pertenecientes al antiguo régimen.
Aunado a lo anterior en el curso del 1916, Venustiano Carranza impulsó la idea de convocar a un Congreso Constituyente que debía introducir algunas modificaciones en la Carta Magna de 1857. Con esto se trataba de dar por terminada la lucha armada y regresar al orden legal.[5]
Hubo una gran diversidad en las opiniones de los diputados, lo cual produjo la formación de dos grupos donde principalmente había diferencias acerca de las funciones del Estado y la formación del gobierno central. El grupo jacobino se relacionaba con Álvaro Obregón, en tanto que los liberales con Venustiano Carranza. Los de Obregón tenían ideas que iban encaminadas un poco más hacia un cambio social necesario.
Carranza se mostró conservador y para él la revolución era la destitución de la dictadura y garantizar el gobierno civil, y no buscaba cambios sociales. Aunque trató de aumentar impuestos en empresas estadounidenses por citar algún ejemplo las petroleras, Estados Unidos de América siempre presionaron a Carranza para que los estadounidenses en México se mantuvieran privilegiados. También se intentó el crecimiento de la industria para no depender de la industria extranjera, facilitado de igual manera la adquisición de la tierra.
Se dieron también mejoras en las condiciones del trabajador, como son la jornada de 8 horas, indemnizaciones por accidentes, los menores de doce años no trabajan, el derecho a huelga, se prohíbe el pago con mercancías, etc.
En torno a la educación también se dieron una serie de cambios, como son la implementación de una educación laica y gratuita, basada de igual manera en las reformas liberales de Juárez.
Aunque cabe destacar que uno de los mayores avances la igualdad es decir no se seguiría manchando el territorio nacional con la esclavitud se dio la abolición de la institución semifeudal, las tiendas de raya, lo que permitió que se modernizara el campo. Por lo que surgió una verdadera práctica de la inviolabilidad de la vida humana.
Continuando así con La Guerra de Reforma de México[6] o también conocida como la Guerra de los Tres Años, transcurrió desde el 17 de diciembre de 1857 hasta el 1 de enero de 1861, que culmina con la entrada de Juárez a la capital del país. Fue el conflicto armado que enfrentó a los dos bandos en que se encontraba dividida la sociedad mexicana por los liberales y los conservadores. Se dio inicio cuando el general conservador Félix Zuloaga, dio a conocer el Plan de Tacubaya, el cual demandaba la abrogación de la Constitución de 1857, la permanencia de Ignacio Comonfort en la presidencia y la convocatoria de un Congreso extraordinario, el cual como ya se menciono con antelación se encargaría de elaborar otra carta constitucional que, según los conservadores, debería garantizar los verdaderos intereses del pueblo. Dos días después de su publicación, Comonfort que en ese momento era presidente electo se adhirió al Plan de Tacubaya.
Mientras que Benito Juárez defendió la Constitución y se negó a colaborar con los conservadores. Por esta razón, Comonfort ordenó que lo detuvieran y lo mantuvieran en prisión. Con el transcurso de los años, la guerra se hizo más sangrienta y polarizó a la gente en la nación. Muchos de los moderados se unieron a los liberales, convencidos de que era necesario acotar el poder económico y político de la Iglesia Católica. Durante algún lapso los liberales y los conservadores tuvieron gobiernos paralelos, con la sede del gobierno conservador en la Ciudad de México y los liberales en Veracruz.
La guerra terminó con la victoria de los liberales y el presidente Benito Juárez instaló su administración en la Ciudad de México. Una vez que el Congreso Constituyente había cumplido con su tarea de elaborar una nueva constitución, se hizo la convocatoria para realizar elecciones tanto de los poderes federal como los estatales; tocó entonces a las legislaturas de los estados el arreglo de las constituciones particulares de cada estado, de acuerdo con la constitución general. Se reunió así el primer Congreso Constitucional que trabajaría ya bajo los principios de la carta magna del 1857.
Se inició con el Plan de Tacubaya en diciembre de 1857. Su objetivo principal era la abolición de la Constitución liberal. Al siguiente mes, el Plan de la Ciudadela reafirmaba ese propósito. Desde entonces hasta mediados de 1860 el territorio del actual Estado de México estuvo bajo el control de los conservadores. De tal manera irían fungiendo varios gobernadores conservadores. Entonces trató de sostenerse un gobierno peregrino del Estado de México, siendo el de Michoacán asilo de ese gobierno y fuente de provisiones para los guerrilleros mexiquenses. Tanto liberales como conservadores tuvieron desavenencias internas. Efecto y causa de ellas fue el pronunciamiento de Ayutla en el Estado de México en diciembre de 1858.
En Michoacán, el liberal Sabás Iturbide dejó la gubernatura del Estado de México a Simón Guzmán. Tocándole apoyar la campaña de Miguel Blanco, quien intentó tomar Toluca y sorprender la ciudad de México. Éste y otros intentos se frustraron hasta mediados de 1860, cuando Berriozábal logró enseñorearse del valle de Toluca. Este avance fue uno de los pasos que prepararon la resonante batalla de Silao, ganada por los constitucionalistas. A ella concurrió Berriozábal con la división del Estado de México.
Sin embargo, las gavillas conservadoras siguieron por el rumbo de Malinalco, sobre todo en la sierra que va del Monte de las Cruces a Villa del Carbón, asestando duros golpes, significativos por la muerte de importantes personalidades del partido constitucionalista: Santos Degollado y Leandro Valle, en el Monte de las Cruces.
En 1861 la legislatura del estado culminaba la elaboración de una nueva Constitución, acorde con la federal del 57. La Constitución del 61 buscó balancear mejor los poderes públicos, prescribió la mayoría absoluta en la discusión y votación de leyes, redujo los periodos de sesiones del legislativo, amplió las facultades municipales y exigió la residencia en el estado para ser diputado, sin requerirlo en cambio para la gubernatura.
En 1857, la situación llegó a ser delicada, tanto que este primer Congreso Constitucional, que había elegido a Comonfort presidente de la República y a Benito Juárez presidente de la Suprema Corte de Justicia, confirió al Ejecutivo facultades extraordinarias para gobernar. El tenor de los hechos impidió incluso que se respetaran los artículos constitucionales relativos a las garantías individuales en tanto continuara la inestabilidad, la cual más que disminuir aumentó las guerras del país
BIBLIOGRAFÍA
· Enciclopedia "Historia de México", Primera edición, México D.F 1978, Editorial: Salvat Mexicana de editores, Tomo VIII, P.p. 2181 – 2204.
· Galindo y Galindo y yo, Miguel (1987). Historia de México, La gran década nacional. Fondo de Cultura Económica (pag. 224).
LAS LEYES DE REFORMA.
INDICE
LA GUERRA DE REFORMA 1
1. LEY DE DESAMORTIZACIÓN DE BIENES DE
MANOS MUERTAS DE 25 DE JUNIO DE 1856 2
2. LEY DE NACIONALIZACIÓN DE LOS BIENES
ECLESIÁSTICOS 12 DE JULIO DE 1859 2
3. LEY SOBRE OCUPACIÓN Y ENAJENACIÓN DE
TERRENOS BALDÍOS DEL 20 DE JULIO DE 1863 3
4. IDEA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL 3
DE 1857.
BIBLIOGRAFIA 4
ANEXOS 5
LA GUERRA DE REFORMA
Al publicarse la Constitución de 1857, se realizaron elecciones conforme a dicho ordenamiento constitucional, y fueron electos, como Presidente de la República, el general Ignacio Comonfort y en la Presidencia de la Corte, Benito Juárez, lo que daba a Juárez la calidad de posible Presidente porque también la Constitución en sus artículos 79 y 80 prevenía la sustitución automática en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente de la República.
El general Ignacio Comonfort se mostró muy molesto por el contenido de la Constitución y manifestó que no era posible gobernar con ella: él pretendía pacificar el país y el texto constitucional se lo impedía. Así, alentó un complot organizado por los conservadores desde Tacubaya.
El general Félix Zuloaga presentó a la nación el Plan de Tacubaya firmado el 17 de diciembre de 1857, que en lo esencial manifestaba:
1.- Cesa en su vigencia la Constitución porque no satisface las necesidades del país.
2.- Comonfort continuará en el cargo de Presidente con facultades omnímodas.
3.- A los tres meses se convocará a un nuevo Congreso Constituyente.
4.- Se promulgará una ley para la elección de Presidente de la República.
5.- Mientras tanto habrá un Consejo de Gobierno.
El día 19 de diciembre de 1857 Comonfort publicó un manifiesto mediante el que se adhería al Plan de Tacubaya diciendo que la nación repudiaba la Constitución y las tropas sólo habían cedido ante la autoridad nacional.
Algunos miembros del Congreso se fueron a Querétaro y luego a Guanajuato y lanzaron, desde la primera ciudad, un Manifiesto a la Nación en el que desconocían a Comonfort por estos hechos, ya que “cambió de improviso los honorables títulos de jefe constitucional de un pueblo libre por los menguados de un faccioso vulgar”.
Así estalló la Guerra de Reforma ya que en medio de ella se dictaron las Leyes de Reforma a la Constitución o Guerra de los Tres Años (1858 a 1860) interviniendo las dos principales corrientes del país, es decir los conservadores y los liberales.
El Partido Conservador se dividió y el 23 de diciembre de 1858 lanzó un grupo de ellos el Plan de Navidad, en el que desconocían a Félix Zuloaga y nombraban Presidente a Miguel Miramón.
Miramón sostenía que debía reorganizarse la administración pública, suprimiendo las leyes que provocaban el descontento del clero y respetando los derechos de la Iglesia. Juárez en cambio, manifestaba los principios de la Constitución de 1857 e incluso sostenía que debían hacerse varias reformas para someter definitivamente al clero y al ejército al imperio de la ley. Por esa razón, desde Veracruz comenzó a decretar las llamadas Leyes de Reforma.
El 22 de diciembre de 1860 Miramón fue derrotado en Calpulapan por el general Jesús González Ortega, batalla que fue decisiva para la caída de los conservadores y el triunfo consecuente de los liberales. Derivado de esto, Juárez entró triunfante en la Ciudad de México el 11 de enero de 1861.
Juárez consideraba que la labor reformista del Estado era impostergable, a pesar de que México atravesaba por una terrible guerra civil. La reforma era, pues un movimiento complejo que pugnaba por derribar las viejas estructuras y los procedimientos caducos que constituían un pesado lastre.
Por ello, el gobierno de Juárez postuló siempre, como principio de su legitimidad, la vigencia de la Constitución de 1857.
En tal virtud, su gobierno expidió una serie de disposiciones a las que se ha denominado Leyes de Reforma, las que por su relevancia en materia agraria se exponen a continuación:
1. LEY DE DESAMORTIZACIÓN DE BIENES DE MANOS MUERTAS DE 25 DE JUNIO DE 1856
La razón de ser de esta ley, que fue de gran relevancia para la materia agraria, fue eliminar las grandes concentraciones de tierra que venían acumulando las corporaciones civiles y religiosas, acentuándose el interés en las segundas, y recaudar dinero por medio de los impuestos cobrados por la enajenación de los bienes que se pretendía se adjudicaran sus arrendatarios.
A decir del Maestro Marco Antonio Díaz de León, el fin era que las propiedades de comunidades religiosas, cofradías, archicofradías, congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos, colegios y, en general, establecimiento o fundación que tenga el carácter de duración perpetua o indefinida dejaran de estar ociosas, ya que una de las razones del pobre desarrollo del país había sido la falta de circulación de la propiedad rural, razón por la cual a las tierras de la iglesia le siguieron las propiedades comunales de los indígenas, reduciendo la propiedad comunal a pequeña propiedad a favor de sus respectivos poseedores.
Esta ley ordenó que las propiedades de las mencionadas corporaciones fueran adjudicadas a sus arrendatarios, tomando en cuenta para la determinación del precio, las rentas pagadas por estos, lo mismo debía hacerse con los que tuvieran predios en enfiteusis, capitalizando el canon que pagasen para determinar el valor del predio.
Estas adjudicaciones debían hacerse dentro de los tres meses contados a partir de la publicación de la ley, en caso de no hacerse, perdía sus derechos el arrendatario y se subrogaban en el sub-arrendatario, o en la primera persona que denunciara que la propiedad pertenecía a alguna de las corporaciones mencionadas, con tal de que esta se adjudicara a su favor dentro de los quince días siguientes a su denuncia. En caso de que no se diera la adjudicación, o faltando denuncia, la autoridad haría que se adjudicara la finca en almoneda pública al mejor postor.
Al contrario de lo que se esperaba los resultados de esta ley fueron decepcionantes, debido, en parte, a que al convertirse en propietarios tendrían que pagar contribuciones, gastos para la adjudicación y demás erogaciones que en conjunto, para algunos constituía una cantidad mayor a la pagada por concepto de renta y sobre todo porque había perjuicios morales y religiosos que impedían a los arrendatarios adquirir las tierras que habían sido de la iglesia. El clero mexicano declaro excomulgados a quienes compraran bienes eclesiásticos, razón por la cual las oportunidades otorgadas por la ley no fueron aprovechadas.
Como consecuencia de lo anterior la mayoría de las propiedades fueron adjudicadas en subasta pública a postores extranjeros que eran los únicos que no tenían miedo a la excomunión de la iglesia, fortaleciendo así el sistema del latifundismo en nuestro país, con la desventaja que aparejaba que los propietarios extranjeros daban peores condiciones de trabajo a los campesinos e indios y de los que les había brindado la iglesia. De igual manera el destino de los beneficios obtenidos era mal destinado.
2. LEY DE NACIONALIZACIÓN DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS 12 DE JULIO DE 1859
Expedida por el presidente Benito Juárez, continúa con la tendencia de limitar al clero en su poder político y grandes extensiones de suelo mexicano. Sobre todo porque la república necesitaba con urgencia hacerse de fondos para cubrir los gastos derivados de la guerra emprendida por los franceses en suelo mexicano. Por virtud de esta ley, los bienes de la iglesia se incorporaron al dominio de la nación, exceptuándose los destinados a las actividades propias del culto.
Al día siguiente se expidió su reglamento con el fin de contribuir eficazmente la subdivisión de la propiedad territorial. A partir de esta ley, la estructura básica de régimen inmobiliario quedó integrada de la siguiente manera: el gobierno, los grandes terratenientes y el pequeño propietario, esta última categoría incluía las parcelas de los indígenas en virtud de los efectos de la ley de desamortización.
3. LEY SOBRE OCUPACIÓN Y ENAJENACIÓN DE TERRENOS BALDÍOS DEL 20 DE JULIO DE 1863
Esta ley fue creada con el fin de poblar el basto territorio mexicano.
Según esta ley, se podían denunciar hasta 2500 hectáreas y se consideran baldíos todos los terrenos de la República que no hayan sido destinados a un uso público, por la autoridad facultada para ello por la Ley, ni cedidos por la misma a título oneroso o lucrativo, a individuo o corporación autorizada para adquirirlos. Pero, con base en esta ley, muchas personas y extranjeros se enriquecieron injustificadamente.
Del análisis de la ley se desprende una acción de de índole ejidal y ejercitable en la materia civil. Debido a que en su aplicabilidad, existía un nulo procedimiento fiable para identificación de predios baldíos, hizo que su objeto principal se desvirtuara porque se suponía, al denunciante, con conocimiento de la existencia y ubicación de las tierras que tenia derecho a denunciar, y lo suponía igualmente, en posesión de los recursos pecuniarios y demás elementos para consumar la adquisición. y estos supuestos, realizables en multitud de casos, estaban lejos de serlo, lo bastante para que la ley surtiera plenitud de sus efectos.
4. IDEA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL DE 1857.
La ley de la desamortización de bienes de manos muertas de 25 de junio de 1856 tuvo el merito de no haber incluido dentro de los bienes desamortizables a los ejidos, a las comunidades agrarias, los montes y las aguas de los pueblos. Ahora bien, en el articulo 27 de la constitución de 1857, no se excluyó de la desamortización, los bienes mencionados, o sea, las tierras de los indígenas y de los pueblos campesinos, pese a las importantes intervenciones, fueron despojados siguiendo el procedimiento del remate, de sus tierras, montes y aguas que venían poseyendo desde la época colonial.
De tal manera, no solo se ensancho el latifundismo Mexicano, sino que, con ello se continuó despojando impunemente a los campesinos de sus tierras, condenándolos a la miseria y a trabajar como peones en las haciendas.
Las ideas de Derecho Social de los Diputados (Ponciano Arriaga, José María Castillo, Velasco y de Isidro Olvera), no fueron consideradas en la Constitución de 1857 que plasmo en el articulo 27 Constitucional un concepto de propiedad no del todo liberal, pero en algún momento individualista en donde se prohíbe a las corporaciones eclesiásticas adquirir en propiedad bienes raíces.
BIBLIOGRAFIA
• Díaz de León Marco Antonio, HISTORIA DEL DERECHO AGRARIO MEXICANO, 2da edición, Ed. Porrúa, México 2002.
• Guillermo F. Margadant S., INTRODUCCION A LA HISTORIA DEL DERECHO MEXICANO, 18va edición, Esfinge Grupo Editorial, México 2006.
• Mendieta y Nuñez Lucio, EL PROBLEMA AGRARIO DE MÉXICO, 10ma edición, Ed. Porrúa, México 1968.
• Chávez Padrón Martha, EL DERECHO AGRARIO MEXICANO, 4ta edición, México, Ed. Porrúa 1991.
GUERRA DE REFORMA
La Guerra de Reforma de México o también conocida como la Guerra de los Tres Años, transcurrió desde el 17 de diciembre de 1857 hasta el 1 de enero de 1861, que culmina con la entrada de Juárez a la capital del país. Fue el conflicto armado que enfrentó a los dos bandos en que se encontraba dividida la sociedad mexicana: liberales y conservadores. Dio inicio cuando el general conservador Félix Zuloaga, dio a conocer el Plan de Tacubaya, el cual demandaba la abrogación de la Constitución de 1857, la permanencia de Ignacio Comonfort en la presidencia y la convocatoria de un Congreso extraordinario, el cual se encargaría de elaborar otra carta constitucional que, según los conservadores, "garantizara los verdaderos intereses del pueblo". Dos días después de su publicación, Comonfort (Presidente electo en ese momento) se adhirió al Plan de Tacubaya. Benito Juárez (Presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese momento) defendió enérgicamente la Constitución y se negó a colaborar con los conservadores. Por esta razón, Comonfort ordenó que lo detuvieran y lo mantuvieran en prisión. Con el transcurso de los años, la guerra se hizo más sangrienta y polarizó a la gente en la nación. Muchos de los moderados se unieron a los liberales, convencidos de que era necesario acotar el gran poder económico y político de la Iglesia Católica. Por un tiempo los liberales y conservadores tuvieron gobiernos paralelos, con la sede del gobierno conservador en la Ciudad de México y los liberales en Veracruz. La guerra terminó con la victoria de los liberales y el presidente Benito Juárez instaló su administración en la Ciudad de México. Una vez que el Congreso Constituyente había cumplido con su tarea de elaborar una nueva constitución, se hizo la convocatoria para realizar elecciones tanto de los poderes federales como los de los estados; tocó entonces a las legislaturas estatales el arreglo de las constituciones particulares de cada estado, de acuerdo con la constitución general. Se reunió así el primer Congreso Constitucional que trabajaría ya bajo los principios de la carta magna del 1857.
Se inició con el Plan de Tacubaya en diciembre de 1857. Su objetivo principal era la abolición de la Constitución liberal. Al siguiente mes, el Plan de la Ciudadela reafirmaba ese propósito. Desde entonces hasta mediados de 1860 el territorio del actual Estado de México estuvo bajo el control de los conservadores. De tal manera irían fungiendo varios gobernadores conservadores. Entonces trató de sostenerse un gobierno peregrino del Estado de México, siendo el de Michoacán asilo de ese gobierno y fuente de provisiones para los guerrilleros mexiquenses. Tanto liberales como conservadores tuvieron desavenencias internas. Efecto y causa de ellas fue el pronunciamiento de Ayotla en el Estado de México en diciembre de 1858.
Estando en Michoacán, el liberal Sabás Iturbide dejó la gubernatura del Estado de México a Simón Guzmán. Tocó a éste apoyar la campaña de Miguel Blanco, quien pretendía tomar Toluca y aun sorprender la ciudad de México. Éste y otros intentos se frustraron hasta mediados de 1860, cuando Berriozábal logró enseñorearse del valle de Toluca. Este avance fue uno de los pasos que prepararon la resonante batalla de Silao, ganada por los constitucionalistas. A ella concurrió Berriozábal con la división del Estado de México. Sin embargo, una vez que retornó a Toluca, fue sorprendido por Miramón, quien penetró audazmente hasta el centro de la ciudad; mas fue pasajera la hazaña conservadora, pues el 22 de diciembre de 1860 Míramón fue derrotado en San Miguel Calpulalpan, al noroeste de nuestra entidad, por González Ortega.
Sin embargo, las gavillas conservadoras siguieron por el rumbo de Malinalco, sobre todo en la sierra que va del Monte de las Cruces a Villa del Carbón, asestando duros golpes, significativos por la muerte de importantes personalidades del partido constitucionalista: Santos Degollado en los Llanos de Salazar el 15 de junio de 1861 y Leandro Valle, a los ocho días, en el Monte de las Cruces.
El 12 de octubre de 1861 la legislatura del estado culminaba la elaboración de una nueva Constitución, acorde con la federal del 57, aprovechando las lecciones del pasado, las luces de los legisladores que nos han precedido en los bellos y apacibles días de nuestra infancia social e independiente y las no pocas que brotando del seno mismo de los combates, han ilustrado a las masas después de la última revolución de principios.
La Constitución del 61 buscó balancear mejor los poderes públicos, prescribió la mayoría absoluta en la discusión y votación de leyes, redujo los periodos de sesiones del legislativo, amplió las facultades municipales y exigió la residencia en el estado para ser diputado, sin requerirlo en cambio para la gubernatura.
Antecedentes
En 1857, la situación llegó a ser delicada, tanto que este primer Congreso Constitucional, que había elegido a Comonfort presidente de la República y a Benito Juárez presidente de la Suprema Corte de Justicia, confirió al Ejecutivo facultades extraordinarias para gobernar. El tenor de los hechos impidió incluso que se respetaran los artículos constitucionales relativos a las garantías individuales en tanto continuara la inestabilidad, la cual más que disminuir aumentó en una de las guerras más cruentas del país
La amenaza de golpe de Estado en el país y la debilidad del presidente para actuar firme y decididamente, precipitó el estallamiento franco de la lucha. En diciembre de 1857 se proclamó el Plan de Tacubaya en el que se estipulaba que cesaba de regir la Constitución y que Comonfort seguiría al frente del Ejecutivo, gobernando con amplias facultades; convocaba a un congreso extraordinario que redactaría una nueva constitución de acuerdo con la voluntad nacional, cesando entre tanto a todas aquellas autoridades que no secundasen este plan.
Presionado por las circunstancias, Comonfort decidió unirse a los sublevados. Parte de su equipo de colaboradores renunció a sus puestos mientras que Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte, Isidoro Olvera, presidente del Congreso y algunos diputados fueron conducidos a prisión. Los estados de la República se dividieron en aquellos que apoyaban al Plan de Tacubaya y los que defendían el orden constitucional.
Los conservadores, por su parte, presionaron a Comonfort para que derogara las reformas liberales, a lo cual él se negó. Luego, trató de buscar una reconciliación con el ala liberal; excarceló a Juárez y llevó a cabo enfrentamientos armados contra los conservadores, en los cuales saldría mal librado. Ante lo inútil de su resistencia decidió no continuar en la lucha y abandonó el país dejándolo inmerso en una guerra civil.
Guerra Civil
En consecuencia se dan dos gobiernos paralelos. Uno encabezado por Benito Juárez que en su calidad de presidente de la Suprema Corte debía ocupar el Ejecutivo en caso de que el presidente se ausentara; y el otro presidido por Félix Zuloaga, a quien una junta de representantes había electo presidente. El primero defendería el orden constitucional, mientras el segundo se encaminaría a su destrucción. Juárez estableció su gobierno, en un primer momento, en Guanajuato, mientras Zuloaga en la capital gobernaba con las llamadas Cinco Leyes, que de hecho derogaban algunas de las reformas liberales como la Ley Lerdo, la Ley Iglesias y la Ley Juárez entre otras. Las diversas entidades del país tomarían una posición y defenderían a uno de estos dos gobiernos.
El ejército y el gobierno liberal irían sufriendo severas derrotas a manos de los conservadores, en Puerto de Carretas, Atenquique, Ahualulco y Barranca de Beltrán, bajo el mando, en la primera batalla, de Luis G. Osollo y del general Miguel Miramón tras la muerte de aquél, derrotas que llevaron a Juárez a convertir su mandato en itinerante. Con todo y las penalidades a que se vio sujeto, éste continuó dictando una serie de disposiciones legislativas que simbolizaron una postura aún más radical que la manejada en el congreso constituyente de 1857. La legislación dictada en Veracruz modificó sustancialmente diversos aspectos centrales de la vida nacional.
Las leyes decretadas por Juárez en Veracruz, mientras se encontraba sitiado dicho puerto, conocidas como Leyes de Reforma, establecieron al fin la separación de la Iglesia y del Estado. El 12 de julio de 1859 se promulgó la Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos; el 23, la Ley del matrimonio civil; el 28 la Ley orgánica del Registro Civil y la Ley sobre el estado civil de las personas; el 31, el decreto que declaraba que cesaba toda intervención del clero en cementerios y camposantos. El 11 de agosto se reglamentaron los días festivos y se prohibió la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia. Un año más tarde, el 4 de diciembre de 1860, se expidió la Ley sobre libertad de cultos. Este conjunto de leyes fueron el inicio de una nueva era en la política, la economía y la cultura.
Pero mientras esos ordenamientos se convertían en realidad, la guerra civil había agotado y empobrecido al país. Un hecho externo determinó el resultado de la contienda y daría un giro radical a los acontecimientos: en 1859, el gobierno de Washington reconoció al de Juárez y lo proveyó de grandes recursos materiales y económicos; el jefe del gobierno conservador, el general Miguel Miramón, sabedor de la gran influencia estadounidense en la política mexicana, promovió infructuosamente una conciliación entre ambos bandos.
Después de tres años de guerra civil, las fuerzas liberales encabezadas por el general Jesús González Ortega, enfrentaron la que sería la última batalla contra las fuerzas conservadoras dirigidas por Miramón el 22 de diciembre de 1860. Los liberales vencieron a los debilitados conservadores definitivamente en la Batalla de Calpulalpan en el Estado de México el 22 de diciembre de 1860, y finalmente el 1 de enero de 1861, Juárez hizo su entrada triunfal a la capital de la República.
Poco tiempo antes de que esto sucediera, pero convencido ya de la victoria de las fuerzas constitucionalistas sobre las reaccionarias, Juárez expidió el 6 de noviembre de 1860, una convocatoria para las elecciones de diputados al Congreso de la Unión y para Presidente constitucional de la República en un plazo de dos meses. El presidente había venido gobernando con facultades extraordinarias, por lo cual le era apremiante restablecer la legalidad del gobierno a través del Congreso. Para este momento, el poder legislativo había inclinado el peso de la balanza a su favor constituyéndose sin duda en la fuerza política más importante del momento, por encima incluso del Ejecutivo. Este, por su parte, necesitaba triunfar en las elecciones para poder gobernar dentro del orden constitucional.
Tras una votación muy cerrada, el gobierno juarista apenas pudo triunfar con unos votos de diferencia. El Congreso declaró presidente constitucional a Benito Juárez y a González Ortega presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que llevaba implícito ser el sustituto legal del presidente
Las sesiones en la cámara transcurrieron en medio de una gran tensión política, la cual obligó al presidente a suspender algunas de las garantías individuales consignadas en la Constitución. Una vez que se restableció el orden constitucional a nivel nacional, se buscó la manera de sostener las leyes dictadas en Veracruz y se expidieron algunas nuevas, como el decreto por el que quedaron secularizados los hospitales y los establecimientos de beneficencia, emitido en diciembre de 1861.
Estos nuevos ataques a los intereses conservadores provocaron levantamientos por parte del ejército reaccionario. A pesar de haber sido derrotado por los liberales, Zuloaga hizo un nuevo pronunciamiento declarándose presidente de la República. La inquietud política se volvió a desatar y produjo fuertes enfrentamientos partidistas, incluso contra el presidente Juárez, que se esforzaba por mantenerse dentro del orden constitucional.
Sin embargo, los asesinatos de Melchor Ocampo y de Santos Degollado, en 1861 llevados a cabo por las guerrillas conservadoras, contribuyeron a que la situación política, económica y social se tornara crítica. El gobierno juarista decidió suspender pagos, buscar la forma de allegarse recursos por cualquier medio y mantener la suspensión de garantías. Estas medidas resultarían insuficientes para resolver los problemas financieros existentes y lograr la pacificación del país. Con el fin de conseguir más recursos para frenar la guerra y arreglar la Hacienda Pública, el Ejecutivo tuvo que tomar medidas drásticas. La presentación ante el Congreso de una iniciativa de ley para suspender los pagos de deudas y obligaciones extranjeras durante dos años, fue el corolario a la angustiosa situación. Discutida en el seno de la Asamblea Legislativa, la iniciativa fue aprobada y se publicó en julio de 1861. La respuesta de las potencias afectadas fue inmediata y aunque la disposición se derogó en noviembre de ese mismo año, fue demasiado tarde pues la actitud asumida por los gobiernos extranjeros presagiaba el inicio de la Segunda Intervención Francesa en México.
Leyes de Reforma
Las Leyes de Reforma son una serie de leyes expedidas entre 1859 y 1860, por el entonces presidente de México Benito Juárez. Las reformas establecidas en estas leyes fueron más radicales que las de la Constitución de 1857, y según los colaboradores del presidente, completaban la constitución.
Este documento, verdaderamente radical [cita requerida], fue realizado totalmente por Benito Juárez al expedir en Veracruz las Leyes de Reforma, parte de las cuales estaba destinada a castigar al clero por su intervención en la política, y por haber ayudado con sus bienes al sometimiento de la guerra, favoreciendo a los conservadores. No estará por demás advertir que esas leyes habían ya sido puestas en práctica por el gobernador de Zacatecas, don Jesús González Ortega, con anterioridad. Entre las más importantes de esas leyes, se cuentan: la de ocupación de bienes eclesiásticos, de 13 de julio de dicho año; la del 23 del mismo, que declaró que el matrimonio era un contrato civil, suprimiendo la intervención forzosa, en él, de los sacerdotes; la ley del registro civil, el 28 del mismo por la que la prueba del estado civil de las personas, quedaba a cargo de empleados de gobiernos; la del 31 de julio, por la que se secularizaron los cementerios; la del 11 de agosto, que suprimió casi todas las festividades religiosas, y la del 4 de diciembre de 1860, que estableció la libertad de cultos.
El objetivo principal de estas leyes era separar a la Iglesia del Gobierno o Estado.
Las leyes de Reforma inicialmente fueron tres:
Ley Juárez: Esta trató de suprimir los fueros militar y eclesiástico en los negocios civiles, por lo tanto los tribunales de las dos corporaciones: Iglesia y Ejército, se deberían concretar a intervenir en los asuntos de sus competencias y no en los asuntos civiles.
Ley Lerdo: La ley Lerdo obligaba a las corporaciones civiles a vender las casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes los arrendaban, para que esos bienes produjeran mayores riquezas, en beneficio de más personas; correspondiendo su autoría al entonces Ministro de Hacienda: Miguel Lerdo de Tejada, hermano mayor de Sebastián y promulgada por el Presidente Ignacio Comonfort
Ley Iglesias: La ley Iglesias prohibió el cobro de derechos y obvenciones parroquiales, el diezmo.
Al trasladar su gobierno a Veracruz en 1859, Juárez promulgó las siguientes reformas:
Ley de la nacionalización de los bienes del clero: Esta ley complementa la Ley Lerdo de desamortización de los bienes de la iglesia, con un cambio importante: los bienes ya no pasaban a manos de los rentistas .
Ley del matrimonio civil: Establece que el matrimonio religioso no tiene validez oficial y establece el matrimonio como un contrato civil con el Estado.
Ley del registro civil: se declararon los nacimientos y defunciones como un contrato civil con el Estado.
Ley de exclaustración de monjas y frailes: Se prohibió la existencia de claustros o conventos, y se decretó la salida de las religiosas y religiosos que ahí vivían.
Ley de libertad de Cultos: Esta ley permitió que cada persona fuera libre de practicar y elegir el culto que desee. Esta ley también prohibió la realización de ceremonias fuera de las iglesias o templos.
Este documento, verdaderamente radical, fue realizado totalmente por Benito Juárez al expedir en Veracruz las Leyes de Reforma, parte de las cuales estaba destinada a castigar al clero por su intervención en la política, y por haber ayudado con sus bienes al sometimiento de la guerra, favoreciendo a los conservadores. No estará por demás advertir que esas leyes habían ya sido puestas en práctica por el gobernador de Zacatecas, don Jesús González Ortega, con anterioridad.
Entre las más importantes de esas leyes, se cuentan: la de ocupación de bienes eclesiásticos, de 13 de julio de dicho año; la del 23 del mismo, que declaró que el matrimonio era un contrato civil, suprimiendo la intervención forzosa, en él, de los sacerdotes; la ley del registro civil, el 28 del mismo por la que la prueba del estado civil de las personas, quedaba a cargo de empleados de gobiernos; la del 31 de julio, por la que se secularizaron los cementerios; la del 11 de agosto, que suprimió casi todas las festividades religiosas, y la del 4 de diciembre de 1860, que estableció la libertad de cultos. El objetivo principal de estas leyes era separar a la Iglesia del Gobierno o Estado.
Las leyes de Reforma inicialmente fueron tres:
- Ley Juárez:de 1855 suprimia los fueros del clero y del ejercito y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley, promulgada por Benito Juárez
- Ley Lerdo: De 1856, obligaba a las corporaciones civiles y eclesiáticas a vender casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes arrendaban para que esos bienes produjeran mayores riquezas, promulgada por Lerdo de Tejada
- Ley Iglesias:De 1857 Prohibió el cobro de derechos y obvenciones parroquiales, el diezmo, promulgada por Iglesias
- Ley de la nacionalización de los bienes eclesiásticos: Esta ley complementa la Ley Lerdo de desamortización de los bienes de la iglesia, con un cambio importante: los bienes ya no pasaban a manos de los rentistas (1859).
- Ley del matrimonio civil: Establece que el matrimonio religioso no tiene validez oficial y establece el matrimonio como un contrato civil con el Estado (1859).
- Ley orgánica del registro civil: se declararon los nacimientos y defunciones como un contrato civil con el Estado (1859).
- Ley de exclaustración de monjas y frailes: Se prohibió la existencia de claustros o conventos, y se decretó la salida de las religiosas y religiosos que ahí vivían.
- Ley de libertad de Cultos: Esta ley permitió que cada persona fuera libre de practicar y elegir el culto que desee. Esta ley también prohibió la realización de ceremonias fuera de las iglesias o templos.
[1] [1] Las principales leyes de reforma dictadas a partir de 1855, de gran contenido político, afectaban la actividad del país en sus aspectos económicos, cultural, social, y religioso.
[2] Las finalidades esenciales de los reformistas y de sus disposiciones se enmarcan en desamortizar la propiedad, especialmente la eclesiástica.
[3] Etapas del Movimiento de Reforma: reforma de Valentín Gómez Farías de1833; leyes Lerdo; Constitución de 1857; Leyes de Reforma o de guerra de contenido radical.
[4] El Congreso Constituyente a la nación al ser promulgada la Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada y jurada por el Congreso General Constituyente el día 5 de febrero de 1857.
dondesta garantías que amparan la ley fe reformas
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